Sistemas de información en todo México sujetos de verificación: INAI

Por Irina Castro

Los sistemas públicos de información de los más de  8 mil sujetos obligados en todo México a partir del mes de enero de 2018 están siendo evaluados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI a fin de que den cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia en los sistemas de información pública.

Será a través de tres supervisiones que el INAI estará verificando el cumplimiento de obligaciones en cada precepto de Ley: una primera será de carácter diagnóstico, relacionada con las obligaciones de las dependencias federales; a partir de mayo se revisarán las derivadas de la Ley General, pero ya con carácter vinculante es decir después de un proceso de identificación de la irregularidad se procederá a la sanción y,  por último los meses de octubre a diciembre del año se realizará con ambas legislaciones.

Cada uno de los sujetos obligados estará siendo sujeto de sanciones por dos vías: la ciudadana (contraloría social) o la de oficio, esta última por parte de los órganos garantes. Cada vez que una persona busque alguna información contenida dentro de las nuevas obligaciones de transparencia y esta no se halle disponible o se encuentre sin actualizar, según los plazos legalmente establecidos, podrán interponer denuncias ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos INAI o en los órganos garantes estatales.

Una vez establecida la denuncia ciudadana el INAI o los órganos garantes, en el caso de sujetos obligados en los estados, tendrían un plazo no mayor a 30 días para verificar si la denuncia es procedente y, en segunda instancia, verificar si no se cumplen las sanciones de acuerdo a lo señalado. De proceder, el órgano garante impondría las medidas correspondientes, además de remitir el expediente al Órgano Interno de Control.

Posteriormente cada uno de Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: amonestación pública, o multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate.

De acuerdo a las proyecciones del Sistema Nacional de Transparencia, será el próximo mes de mayo cuando se realizará la verificación, ya con resultados vinculantes. De acuerdo con el INAI, en una primera etapa de verificación diagnóstica realizada en agosto de 2017, sindicatos y partidos políticos no cumplieron en mayor medida.